Después de unos días de creciente indignación y sensibilidad social, de revuelo político, institucional y banquero traducido en gestos, declaraciones y reuniones, la realidad que viven los afectados por los desahucios semanas después es un drama que continúa, que crece y que se perpetúa en un día a día carente de soluciones comprometidas. Una realidad que debería tener un peso y una presencia social inmensamente mayor de lo que parece que vivimos en estos últimos días.
Sencillamente porque los responsables de buscar una solución real y comprometida vuelven a engañar con palabras, leyes e intenciones que son a todas luces insuficientes. Pretendieron con unos gestos y declaraciones expresadas con una rapidez insólita calmar la creciente sensibilidad ciudadana, aportando un cúmulo de intenciones que hoy se antojan extraordinariamente lejanas de las soluciones que la situación demanda.

La realidad es que lo han conseguido, han conseguido enfriar la creciente sensibilidad ciudadana generalizada que se sentía en Octubre, después de los sucesos que movilizaron y sensibilizaron de forma extraordinaria.

Semanas después de aquellas reuniones,  se confirma que, ante la insuficiencia de la propuesta ofrecida por el Gobierno del Partido Popular, son las actuaciones concretas de la plataformas ciudadanas, de algunos ayuntamientos, de algunas agrupaciones políticas y de algunos jueces, las que realmente están mostrando herramientas eficaces que realmente permiten paralizar el drama en ciertos casos. Aunque realmente no los solucionan, tan solo se posponen durante un tiempo.

Nada se ha confirmado sobre los intereses de demora “La banca gana” reza el artículo, que confirma que la desinformación o la absoluta falta consideración sobre este tema, determinante por lo que supone de cara al futuro de las familias, es la pura confirmación de que el problema únicamente se aplaza, no se soluciona y además se agrava. No hay consideración real, no hay sensibilidad alguna en los gobernantes y en las entidades bancarias con este drama.

Contra esta realidad de gestos menores e insuficientes ante semejante situación, se van viendo actuaciones de agrupaciones políticas y de jueces que tratan de condicionar a las entidades bancarias para flexibilizar su actitud. Gestos que dan un significativo valor a determinadas decisiones por parte de algunos colectivos, pero que dejan en evidencia la falta de realidad que las propuestas del Gobierno de España suponen. Es otro caso más de maquillaje, como el llamado Código de Buenas Prácticas

El primer y significativo caso de compromiso real político que dio frutos inmediatamente fue en Santa Cruz de Tenerife, un 8 de Noviembre, cuando el Ayuntamiento retiró 1,5 millones de Euros de Bankia por su política de desahucios.

Después de este caso, como una mera imitación a este resolutivo gesto, se han dado casos similares en intenciones de partidos responsables de ayuntamientos como en el de Segovia, o Silleda y Vigo en Pontevedra, Ares en A Coruña, Sabadell, el Consell Comarcal del Vallès Oriental o Palafrugell en Catalunya,  Lavaina en Asturias …  o como en otras ocasiones, se han propuesto acciones similares por parte de los partidos desde la oposición, con una intención evidentemente comprometedora, tal y como se dio el caso en el Gobierno de Navarra o en el Ayuntamiento de Oviedo:

Navarra: Sánchez de Muniáin dice sobre los desahucios, que los órganos de Gobierno de CAN “son independientes” Evita así la pregunta sobre si el Gobierno de Navarra con sus fondos en la absorbida Caja de Ahorros de Navarra por la Caixa, va a presionar con los fondos que ahora están en la entidad catalana.

IU propone que el Ayuntamiento de Oviedo actúe ante el problema de los desahucios.

Hay algunas otras iniciativas por parte de ayuntamientos que tratan de mostrar una sensibilidad con otras formas de comprometerse:

Algunas agrupaciones como  la Federación Galega de Municipios e Provincias  acuerdan solicitar al Gobierno central la modificación de la ley hipotecaria y la de enjuiciamiento civil A esta petición se suma Pau Llonch, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Sabadell   Pedimos una regulación política, no puede ser que se dependa de los jueces, dice.

Benidorm colabora con 15 entidades bancarias para evitar el desahucio de 14 familias del municipio. Una muestra más de la disposición del algunos ayuntamientos para,  en este caso  y con fondos públicos del Bienestar Social del ayuntamiento, ofrecer soluciones que no comprometen en absoluto a las entidades bancarias.

Algunos ayuntamientos, como el de Herencia en Ciudad Real, muestran un gesto solidario al impedir a sus policías municipales  su colaboración con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado  en los desahucios de viviendas públicas. 

A todo esto, además de la situación con los intereses de demora que se van a tener que afrontar, los desahuciados se encuentran con la nueva Ley de Tasas Judiciales  “La ley de tasas judiciales impone un sistema perverso. La víctima de un desahucio no tiene posibilidad de defensa”, afirma el decano de los abogados  de Castellón  Antonio Esteban.

La situación  referente a la nueva justicia que se va a aplicar en España, sería  un motivo añadido más que agrava la realidad de los desahucios, un argumento más para generar una conciencia ciudadana que esté a la altura de las circunstancias que condicionan no ya el futuro, aunque también las haya, como las cuestiones que afectan a la educación y la sanidad, sino el presente más inmediato que influye en el día a día que hoy vivimos.

También, por parte de algún ayuntamiento del PP y de partidos políticos como el PSOE (que, por las diferencias entre las bases y una dirección absolutamente decepcionante en este tema, juega a dos bandas de forma perversa), así como de unos desaparecidos sindicatos, ha habido algunos gestos, que más que el ejercicio de responsabilidad necesario y deseable, dejan claro a todas luces y ha supuesto un vergonzante oportunismo calculado.  Algunos casos que hemos encontrado:

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), ha pedido al presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, que aplace los desahucios de las familias vulnerables deudoras de hipotecas hasta que entren en vigor las nuevas medidas protectoras anunciadas por el Gobierno de Rajoy. Se suponía que los bancos paralizaban los desahucios por dos años, ¿qué necesidad hay entonces de insistir a la audiencia provincial en este sentido? Es una muestra más de la nula intención de abordar la situación  de forma eficaz.

El alcalde de Cuenca, el socialistas Juan Ávila, ha asegurado este martes que comparte la declaración firmada el lunes en Ferraz por casi 50 alcaldes socialistas para abordar el problema de los desahucios. 

El PSOE se reúne con los sindicatos el jueves 22 de Noviembre para afrontar la realidad de los desahucios. A día de hoy 25 de Noviembre, se sigue sin tener conciencia real de lo que trascendió en esa reunión.

Debemos ser conscientes, después de dos intentos perversa y premeditadamente nulos por parte del Gobierno del PP, en Febrero con el Código de Buenas Prácticas, y ahora con el Decreto Ley de Desahucios, de que la realidad de la gente desahuciada, ni se ha parado, ni se ha solucionado (es más, se agravará con los intereses de demora y las nuevas tasas judiciales) ni se antoja una voluntad real de querer solucionarlo. Parece que son sólo los políticos responsables de la política municipal los que, por pura vergüenza y cercanía con la realidad, asumen algunos voluntariosos gestos.

Aunque la realidad de los máximos responsables sea que siguen mintiendo, perversamente y a conciencia, con un nivel de cinismo y desvergüenza difícilmente imaginable.

Siendo así la realidad que nos rodea, la responsabilidad de cambiarla quedará únicamente en la propia ciudadanía, que vuelva a ser sensible, consciente y responsable, activa como los fue hace tan sólo unas semanas.


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